Trabajar en colaboración es clave para combatir la corrupción

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Fuente: Banco Mundial

Desde hace tiempo se reconoce que la corrupción es un serio obstáculo para el desarrollo.  Desde el robo masivo de bienes del Estado hasta la corrupción en pequeña escala que menoscaba la productividad y deteriora la prestación de servicios, la corrupción constituye un robo a los pobres y socava el progreso.

Adopta numerosas formas. Es la empresa extranjera que paga comisiones ilegales o sobornos para obtener tratamiento preferencial y deja a los países pobres con bienes o servicios devaluados. Es el funcionario público que, a cambio de favores financieros, traiciona a las personas que tiene la obligación de ayudar. Es la ciudad que no tiene escuela ni centro de salud porque los funcionarios locales se han robado el dinero que tendría que haberse utilizado para construirlos. Y son los medicamentos que no curan —o podrían causar la muerte— porque alguien los ha adulterado o los ha reemplazado por otros falsificados.

“Si no se le pone freno, la corrupción representa una amenaza para la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida, así como para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Este problema de larga data continúa, y siguen abundando los titulares sobre escándalos de corrupción, que afectan prácticamente a todos los continentes.

Una vez enquistada, la corrupción es difícil de extirpar, y centrarse solo en el cumplimiento estricto de las reglas suele llevar aparejados escasos logros. En muchas sociedades, el comportamiento corrupto está profundamente arraigado en las normas sociales y la cultura política, y los incentivos para mantener el statu quo son poderosos. La corrupción puede propiciar el robo, el desperdicio y el uso indebido de recursos escasos.  También puede consolidar los privilegios de las élites y la desigualdad, lo que debilita las instituciones fiscalizadoras, con consecuencias duraderas, y disminuye la fe de los ciudadanos en sus propios Gobiernos. El margen de actuación de los partidarios de las reformas puede ser reducido, y lograr avances en la lucha contra la corrupción puede llevar mucho tiempo.

Si bien algunos de los principios que permiten combatir la corrupción son bien conocidos —la transparencia y la rendición de cuentas, el gobierno abierto y la vigilancia por la sociedad civil, la detección y el cumplimiento de las normas—, las estrategias para aplicarlos pueden variar considerablemente según el contexto. El mundo está cambiando; atraviesa una “hiperglobalización” y es testigo del surgimiento y la penetración de nuevas tecnologías, que presentan tanto desafíos como oportunidades.

El nuevo informe del Banco Mundial titulado Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption (Mejorar la eficacia y la transparencia de los Gobiernos: La lucha contra la corrupción) (i), que se dio a conocer esta semana con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contribuye a salvar la distancia entre un problema al parecer irresoluble y soluciones que hayan dado buenos resultados o muestren potencial para ser satisfactorias.

En el documento se destaca la importancia de complementar los métodos tradicionales para combatir la corrupción con otros modernos, como los servicios de GovTech, las adquisiciones electrónicas, la divulgación de activos e ingresos, y la información sobre los propietarios reales, que se han utilizado en países como Somalia, Bangladesh, Colombia, Ucrania y Rumania, entre otros.

Lograr avances es posible, incluso en entornos difíciles. Las medidas para frenar la corrupción a menudo son oportunistas y abordan ámbitos de vulnerabilidad específicos, cuando el espacio político permite adoptarlas.  Incluso cuando tengan un impacto aparentemente limitado, pueden constituir una base importante para futuras mejoras. A partir de estas ideas, con el informe se ayudará a dotar a los funcionarios del sector público y a la sociedad civil de métodos y herramientas que pueden utilizarse y adaptarse a los contextos nacionales específicos.

La pandemia de COVID-19 ha acarreado a los Gobiernos enormes gastos de emergencia que, a veces, no se han sometido a los sistemas de control habituales.  Si bien la celeridad es comprensible, la falta de una supervisión adecuada expone a los Gobiernos a una serie de riesgos de corrupción que pueden poner en peligro la eficacia de sus respuestas. Las presiones que sufre el sector público para enfrentar la situación actual ofrecen grandes oportunidades para que prospere la corrupción.

Mientras los países se encaminan hacia una recuperación más resiliente e inclusiva, los responsables de formular las políticas afrontan el desafío de reactivar la economía en medio de enormes dificultades fiscales agravadas por la acumulación de elevados montos de deuda. Es fundamental usar los recursos escasos con prudencia y transparencia.

“Los países tienen la oportunidad de crear Gobiernos íntegros, responsables y transparentes introduciendo los máximos estándares de probidad y cerrando los conductos que permiten que la corrupción crezca”.

Los recursos que se pierden a causa de la corrupción podrían destinarse a recuperar la economía y proteger a las personas pobres y vulnerables que padecen desproporcionadamente esta situación.

Para lograr un crecimiento económico a largo plazo y una prosperidad compartida debemos trabajar junto con nuestros asociados de los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil atacando la corrupción y sus impactos nocivos. Estamos resueltos a seguir concientizando al mundo sobre la necesidad de no cejar en la lucha contra la corrupción.